Toro Abogados advierte: miles de trabajadores firman contratos laborales sin que se reconozca su antigüedad previa

Toro Abogados, firma especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ha detectado un creciente número de consultas de trabajadores que, tras años prestando servicios como autónomos —por ejemplo, en el sector de los repartidores a domicilio—, están siendo contratados como asalariados sin que se les respete su antigüedad real. Esta práctica, cada vez más habitual en sectores vinculados a la economía de plataformas, vulnera derechos laborales fundamentales y genera una profunda inseguridad jurídica.

Entre las consecuencias más graves, se encuentra la pérdida del derecho a una indemnización adecuada en caso de despido, errores en el cálculo del finiquito, y dificultades para acceder a mejoras laborales basadas en la antigüedad.

"La antigüedad no se basa únicamente en el tipo de contrato, sino en la continuidad real de la prestación de servicios. Si una persona ha trabajado tres años y al firmar el contrato no se le reconoce ese periodo, está perdiendo derechos consolidados", explican desde el despacho.

Esta problemática afecta especialmente a profesionales que inicialmente han trabajado como falsos autónomos y que, tras la regularización de su relación laboral, no ven reconocida la trayectoria ya recorrida.

Desde Toro Abogados se recomienda a todos los trabajadores afectados que revisen cuidadosamente los términos de su nuevo contrato laboral, especialmente si provienen de un modelo de colaboración como autónomos. En muchos casos, es posible reclamar judicialmente el reconocimiento de la antigüedad y exigir las cantidades correspondientes por despido o extinción del contrato.

¿Por qué elegir Toro Abogados?
Con más de 50 años de experiencia en todo el territorio nacional, Toro Abogados es un despacho referente en Derecho Laboral, Seguridad Social e incapacidades. Reconocido por su rigor técnico y su defensa de los trabajadores, asesora a empleados en procesos de despido, reclamación de antigüedad, impugnación de contratos y conflictos con la administración.

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