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Aprobados 77 juzgados especializados en cláusulas suelo por Simó Procuradores

Simó Procuradores celebra la medida adoptada por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) de crear 77 juzgados especializados en cláusulas suelo y cláusulas abusivas. Adoptada el 21 de mayo de 2017, en diciembre del mismo año se habían presentado en toda España 156.862 demandas

Publicado en Barcelona el en Derecho , Inmobiliaria , Cataluña

Simó Procuradores en Barcelona ha aplaudido la puesta en marcha de los 77 juzgados especializados en cláusulas suelo y cláusulas abusivas. La medida, aprobada el 21 de mayo de 2017, ha causado que se presenten un total de 156.862 demandas en toda España.

Con carácter posterior, el CGPJ decidió aplazar durante seis meses el funcionamiento de los mencionados Juzgados Provinciales. Actualmente, y frente a la creciente magnitud de las demandas, la prórroga se sitúa en el 31 de diciembre de 2018.

Los asuntos sobre los que conocen estos juzgados se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipoteca multidivisa.

En esta materia, el Ministerio de Justicia se ha pronunciado de forma favorable. En concreto, en la prórroga del plan de urgencia señala que "se puede concluir que la especialización de los Juzgados está consiguiendo cumplir con lo que se pretendía: se ha evitado que más de 250.000 demandas supusiesen una losa para la jurisdicción civil, las resoluciones están siendo unívocas y se está ofreciendo a los ciudadanos una respuesta única por parte de la Administración de la Justicia".

Juzgado 50 Bis de Barcelona
El Juzgado 50 Bis de Barcelona se perfila como uno de estos agentes jurisdiccionales especializados. Celebra sus vistas en la Sala 314.

Con motivo del número de demandas que tramitan y con el propósito de facilitar el trabajo de los Magistrados que resuelven en dicho Juzgado, ha publicado unas normas orientadoras para la tramitación de estas demandas. Estas facilitan la labor del juzgador.

Se trata de una serie de recomendaciones no vinculantes dirigidas a abogados y procuradores que complementan lo dispuesto en los artículos 399 y 405 LEC.

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