La demanda, presentada por el accionista y exdirectivo del Grupo ACS,Tomás Peña, tiene su origen en la negativa de ACS a reconocer y registrar importantísimas deudas en el balance consolidado de la sociedad. La demanda denuncia que el interés de ACS por reconocer la deuda de Escal -sociedad propietaria del almacén de gas marino CASTOR que ha provocado más de 500 terremotos-, por no consolidar globalmente su pasivo de más de 1.600 millones en sus cuentas anuales,  lleva a infringir la normativa contable aplicable.

Asimismo, se acusa a ACS de ocultar información a los accionistas en la Junta General que aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. ACS no hace referencia alguna al proyecto CASTOR, un proyecto del que los accionistas de ACS se enteran por los medios de comunicación, a raíz de la cadena de terremotos que provoca en la costa mediterránea y que obliga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a su paralización

Por último, la demanda atribuye a ACS otras infracciones contables en el registro de determinados activos clasificados como mantenidos para la venta, sustrayendo del balance su deuda asociada por importe de varios miles de millones de euros.

La demanda se presenta por la jurisdicción civil-mercantil, al amparo del procedimiento previsto en los artículos 204 a 208 de la Ley de Sociedades de Capital, al no mostrarse la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y de su Grupo. Sin embargo, podrían existir indicios de criminalidad en algunas de las infracciones cometidas que justificarían su fiscalización por la jurisdicción penal.