Cerca de 300 personas asistieron ayer en Valladolid al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia, y otras 446 lo siguieron desde toda la geografía española gracias a su emisión vía Web, lo que refleja la importancia que la sociedad española concede a una problemática que afecta a más de un millón de personas en nuestro país (principalmente mayores y personas con discapacidad) que necesitan asistencia para desarrollar alguna de las actividades básicas de su vida diaria.
El evento, organizado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la fundación Fundetec, pretendía demostrar cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden convertirse en un importante aliado de las personas dependientes y sus familias, rompiendo muchas de las barreras que impiden a este colectivo beneficiarse en igualdad de oportunidades de muchos de los servicios de la sociedad actual, mejorando su calidad de vida y brindándoles nuevas oportunidades en el terreno personal y profesional.
La ponencia inaugural corrió a cargo de Francisco Vañó, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, quien aseguró que la situación de la discapacidad en España ha experimentado una evolución positiva en los últimos años. Vañó, que tiene el honor de ser el primer parapléjico en la historia de la democracia española que ha ocupado un escaño en el Congreso, consideró que el objetivo de la Ley de Dependencia es “tratar de promocionar la autonomía personal y potenciar las capacidades residuales de las personas dependientes, y las TIC son un buen vehículo para conseguirlo”.
Sin embargo, destacó dos defectos que, a su juicio, presenta esta Ley: por un lado, “se ha querido vender demasiada cobertura y demasiado pronto”, cuando la realidad es que el sistema no ha sido capaz aún de abarcar todo lo que se había anunciado, según ha explicado; y por otro, “la dotación presupuestaria no está siendo la adecuada para cubrir las previsiones que inicialmente se habían contemplado”.
Tecnologías y atención a la dependencia
Sobre este epígrafe tuvo lugar un primer bloque de ponencias moderado por Francisco Sardón, vicepresidente del CERMI, en el que intervinieron Javier Ballesteros, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del IMSERSO; Ángel Gómez Mediavilla, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; y Begoña Rodríguez, de la Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP), que explicaron cómo se gestiona la dependencia en tres organismos diferentes de la Administración Pública.
Ballesteros ofreció datos del estado de implantación de la Ley de Dependencia a nivel nacional, según los cuales, a 1 de enero de 2009 se habían recibido 725.411 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones correspondientes, el 79% de las cuales procedente de personas mayores de 65 años. Del total de solicitudes recibidas se ha realizado la valoración del 85%, y se ha emitido dictamen del 82,13%. El resultado de esos dictámenes es que al 62% se le ha reconocido un grado de “gran dependencia”, y al 12,79% un grado de “dependencia severa”, ascendiendo a 445.615 el total de beneficiarios con derecho a prestación (el 74,8% de los dictámenes emitidos).
Por su parte, Gómez Mediavilla describió las ventajas del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS) de Castilla y León, que permite aprovechar al máximo las capacidades de la actual red de servicios sociales mediante un procedimiento idéntico y unificado de resolución de dependencia y de asignación de recursos entre las corporaciones locales y la Gerencia Regional de Servicios Sociales.
Tecnología y Accesibilidad
Un segundo bloque de ponencias moderado por Roser Romero, secretaria general de COCEMFE, contó con la participación de Maribel Campo, del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca; José Mª Molina, de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León; Ricardo Gaitán, de la Fundación Telefónica; y Jaime Burgos, de la Fundación ONCE.
Todos coincidieron en que la era digital es una oportunidad para la integración, pero la accesibilidad es una condición necesaria para la inclusión social. Por ello, los poderes públicos y las empresas socialmente responsables deben garantizar que las personas con discapacidad acceden en igualdad de condiciones a los servicios de la Sociedad de la Información.
Internet es una herramienta de información, formación y entretenimiento de uso muy extendido en la sociedad. La alternativa de acceso digital a servicios presenciales está cada vez más presente (e-administración, e-learning, banca online, prensa digital, etc.), y el acceso a estos servicios digitales permite a muchos usuarios superar importantes barreras: una persona ciega no puede leer un periódico en papel, pero sí un diario digital mediante un lector de pantalla.
Sin embargo, según explicó Burgos, aunque hay entidades que destacan como ejemplos de buenas prácticas, en general todos los sectores suspenden en accesibilidad. Y ofreció algunos ejemplos: los servicios electrónicos de la Administración General del Estado presentan un porcentaje medio de accesibilidad del 34,31%; las universidades españolas, el 21,10%; las entidades financieras, el 14,82%; los diarios digitales, el 14,57%, los portales de empleo, el 14,59%; los ayuntamientos, el 36,95%; las comunidades autónomas, el 38,43%.
Por su parte, Campo destacó la “inestimable potencialidad de la accesibilidad para conseguir un mundo de todos”. Asimismo, aseguró que las TIC permiten la existencia de servicios de información sobre discapacidad accesibles a todo el mundo, así como programas de formación específicos accesibles vía Web, o servicios de asesoramiento online para resolver dudas relacionadas con actividades de la vida cotidiana de este colectivo.