La reducción de las ratios es una medida pedagógicamente positiva, pero sin un incremento proporcional de la financiación pública supondría la desaparición de la red privada y de iniciativa social del primer ciclo de Educación Infantil en Cataluña, que actualmente representa cerca del 40 % de la red educativa. Esta financiación debe permitir garantizar la calidad educativa, la equiparación progresiva de las condiciones laborales y salariales de los profesionales con el resto de la etapa, y la viabilidad y la estabilidad de los centros. Muchos de estos centros cuentan con una larga trayectoria y han sido históricamente la semilla de la educación infantil en Cataluña desde los años sesenta y setenta.
El borrador se ha elaborado sin ningún proceso de diálogo ni consulta con las organizaciones representativas del sector, a pesar de que estos centros de educación infantil constituyen una parte esencial del sistema educativo catalán.
La desaparición de la red educativa privada y de iniciativa social de primer ciclo tendría consecuencias muy graves para miles de niños y familias, que verían limitado el acceso a una plaza educativa en una etapa clave para su desarrollo.
La actual oferta pública sigue siendo insuficiente para dar respuesta a toda la demanda existente y no podría absorber la desaparición de una parte tan significativa de la oferta educativa, con el consiguiente riesgo de colapso del sistema.
La medida también tendría un fuerte impacto laboral, con la desaparición de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en un sector altamente feminizado.
Cataluña parte, además, de una situación especialmente vulnerable. Las entidades llevan años denunciando la infrafinanciación estructural que sufre el sector y han acreditado que Cataluña es una de las comunidades autónomas con un menor apoyo económico a las familias que optan por una escuela infantil privada autorizada. Actualmente, la ayuda pública es de tan solo 72,72 euros mensuales por niño de I2, una cantidad claramente insuficiente que evidencia la infrafinanciación que sufre esta red y que supone un agravio comparativo con la gratuidad de este curso en la red pública. Esta realidad hace todavía más inviable la aplicación de una reducción de las ratios sin una financiación suficiente.
A escala estatal, las organizaciones representativas del sector alertan de que una reducción de las ratios sin la correspondiente financiación podría dejar sin plaza a más de 225.000 niños, cerca de la mitad del total de alumnos escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil, y suponer la pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo.
Ante este escenario, las tres entidades reclaman al Ministerio de Educación "la apertura inmediata de un proceso de diálogo con las organizaciones representativas del sector y solicitan que cualquier modificación normativa incorpore una memoria económica suficiente que garantice la viabilidad, la estabilidad de los centros y su aplicación efectiva".
"Este no es un debate entre educación pública y educación privada. Es un debate sobre cómo garantizar el derecho a la educación de todos los niños desde el primer ciclo de Educación Infantil. Para las entidades firmantes, preservar la viabilidad y la estabilidad de la red es una condición imprescindible para garantizar este derecho. La red pública y la red privada autorizada son complementarias y solo contando con ambas será posible garantizar una oferta suficiente, de calidad y sostenible para todas las familias".