Lleva años luchando por conseguir que la Conselleria reconozca que la parálisis cerebral que sufre su hijo es consecuencia de una supuesta negligencia médica ocurrida durante el parto de su mujer. Germán Bañuls Ascó ha estado al pie del cañón desde el principio, no ha dejado un sólo día de reclamar lo que considera que merece su familia. Y todo ello, dejándose la piel junto a su mujer por darle lo mejor a su hijo, los mejores tratamientos y la mejor de las atenciones, lo cual, sin duda, ha sido clave para que el pequeño haya tenido una evolución espectacular, aplaudida por numerosos especialistas.

La lucha la tiene ahora contra la Conselleria de Sanitat, pero no por el juicio que espera ansioso que se celebre, sino por un mero trámite burocrático, simple pero imprescindible para que el juez pueda poner fechar a ese juicio.

Hasta tres requerimientos ha remitido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a la Conselleria reclamando el expediente administrativo del caso de Germán. Tres escritos que han sido ignorados por parte de la administración y no han recibido ningún tipo de respuesta. El primero tiene fecha de 14 de octubre de 2008 y en él se reclama el expediente administrativo para "notificar la resolución y emplazar a los interesados en el plazo de nueve días en calidad de demandados". Sin respuesta.

Cuatro meses después, el 9 de febrero, el TSJ remitió una nueva notificación que decía lo siguiente: "Visto el tiempo transcurrido recuérdese la urgente remisión del expediente en el plazo de diez días". Y va más allá: "...bajo apercibimiento de imponerle la multa que previene dicho precepto". Tampoco en esta ocasión hubo respuesta.

El 1 de abril llegó el tercer requerimiento. De nuevo se pide "la urgente remisión del expediente" en el plazo de diez días. En este caso, además, el tribunal pide que se indique "la identidad de la autoridad o funcionario responsable de la remisión del expediente, por si su conducta fuera constitutiva de delito de desobediencia a la autoridad judicial". Ni aún así el tribunal ha conseguido que la Conselleria envíe el documento o, al menos, indique qué funcionario es responsable de la omisión.

La paciencia de Germán Bañuls se agota y la preocupación se agrava según pasa el tiempo. Y es que la salud de su hijo está en juego. "No hacen más que poner obstáculos. La Conselleria está bloqueando intencionadamente el proceso judicial. No quiere que se resuelva el caso de mi hijo por temor a una condena. El responsable de este caso, a pesar de saber que el tema está en los tribunales, me llama pidiéndome papeles para un expediente administrativo que ya no existe. Pero incumple los tres requerimientos del tribunal. Es la jefa del servicio de Responsabilidad Patrimonial, Carmen Serrano", declaraba.

Según su opinión, lo que pretende la administración autonómica es "cansarme y que abandone". En casos que se dilatan varios años el 95% de los afectados no suele concluir el proceso. En el caso de Germán, la energía y las ganas y también sus posibilidades personales le han mantenido al pie del cañón. "Hago todo esto porque sé que voy a ganar y necesito asegurar el futuro de mi hijo", afirmó. En la demanda se pide una indemnización por los daños ocasionados pero también una compensación de por vida, baremada en función de las lesiones sufridas. "Haré lo que sea por conseguirlo", añadió.

Han sido casi ocho meses de espera y la paciencia comienza a agotarse porque anteriormente la Conselleria instruyó el expediente durante un año sin hacer nada. Germán espera ahora que el TSJ imponga a la Conselleria las multas coercitivas que prevé la ley. A la tercera multa, el asunto cambiará de manos y el TSJ pondrá los hechos en conocimiento del ministerio fiscal, que investigará si existen indicios de delito de desobediencia.

La impaciencia de esta familia está justificada. El pequeño tiene ya cuatro años y medio. Todos los estudios médicos aconsejan desarrollar el máximo número de tratamientos en los primeros seis años. En ese tiempo, el cerebro está mucho más receptivo, pero después el desarrollo neurológico se reduce considerablemente.

Sus padres quieren viajar a Estados Unidos donde se aplica una técnica avanzada que consiste en una estimulación intensiva de las células.

El tratamiento es muy caro y dura entre seis y doce meses. Germán espera a que el TSJ fije la indemnización a la que tiene derecho para poder sufragar la terapia. "Pero el tiempo se nos acaba porque el niño va creciendo", afirmó.

Mientras tanto, la lucha continúa y los cuidados hacia el niño también. Continuarán insistiendo pero de momento sólo pueden esperar. En cuanto la Conselleria se decida a enviar el expediente el tribunal podrá poner fecha para el juicio, en el que no se acusa a la ginecóloga que asistió el parto, sino que únicamente se reclama una indemnización económica a la Generalitat, como propietaria del hospital de Gandia.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2005. Según cuenta Germán, el embarazo de Irena, su esposa, transcurrió con normalidad y el inicio del parto también. Él estaba en la sala al lado de Irena, pero faltaba la ginecóloga. "Recuerdo que la llamaron varias veces por teléfono pero tardó mucho en llegar".

Al parecer, durante el parto se produjo un episodio que los médicos denominan "pérdida del bienestar fetal". El parto quedó estancado y el feto sufrió una falta de oxígeno muy prolongada que dañó de forma irreversible su sistema nervioso central y le causó la parálisis cerebral. Nació en muy mal estado y pasó las siguientes horas en la unidad de neonatos pero dice Germán que "nadie me informaba de nada, hasta que llegó un pediatra de La Fe y me dijo que se estaba muriendo.".

El abogado a quien Germán ha confiado el asunto, José M.ª Davó, afirma que el equipo médico que atendió el parto cometió una "gravísima negligencia. Cuando el parto quedó estacionado a causa de una desproporción entre la cabeza del feto y la pelvis de la madre, la ginecóloga debió haber practicado una cesárea urgente". Sin embargo, la doctora decidió "equivocadamente" que Irena siguiera empujando durante una hora y media más.

Según Davó, "lo que de verdad indigna es que si se hubiese limitado a seguir los protocolos médicos el niño habría nacido perfectamente sano".

La conclusión a la que llega el abogado es que la parálisis que padecerá de por vida el niño "se debe sólo a la desidia y a la falta de profesionalidad del equipo médico que atendió a su madre